Mundukide eta brasileko egoera iluna

 

Tras las elecciones brasileñas de 2003, que llevaron al poder al Partido de los Trabajadores (PT), los gobiernos de los presidentes Lula da Silva y Dilma Rousseff impulsaron la capacidad redistributiva del Estado a través de nuevos programas sociales y lograron un elevado incremento de la inversión social, hasta reducir la pobreza extrema en más del 60%.

Pero el proceso de “impeachment” a la presidenta, que califica de “golpe de estado parlamentario” el teólogo brasileño Leonardo Boff, rompe con la trayectoria social del PT  e impone una política económica neoliberal que hunde a Brasil en un sombrío panorama

El pensamiento neoliberal arranca en los años ochenta del siglo XX. Fue en aquella época cuando se hizo célebre una frase atribuida al equipo del presidente norteamericano Ronald Reagan: “el sector público no es la solución, sino el problema”. La expresión venía a indicar que el peso del gasto público ahogaba a la economía, quitando recursos al sector privado, al que se consideraba como el motor del crecimiento económico.

Tras las dificultades económicas de los años setenta del siglo pasado, el conservadurismo económico volvió a la escena con Thatcher y Reagan para contrarrestar  el poder que habían conseguido los trabajadores y aparecieron las llamadas políticas económicas neoliberales.

Entre las nuevas medidas a impulsar estaba la libertad de comercio internacional, haciendo que las empresas compitieran entre sí en el mundo, sin imponer ciertas reglas a la actividad económica, dejando las decisiones en manos privadas. Esta medida iba acompañada de la libertad de movimiento de capitales, para que los recursos financieros buscaran los lugares de mayor rentabilidad, sin considerar los perjuicios que los repentinos flujos de capitales causan a los países.

Como las empresas públicas estaban mal vistas, al considerarse que eran menos eficientes que las privadas, se recomendó la privatización del patrimonio público, es decir, su venta a entidades privadas, muchas veces a precios de saldo.

Se suprimieron las regulaciones en funcionamiento, porque se estimaba que reducían la eficiencia económica. Una vez suprimidas las normativas para evitar riesgos excesivos, la búsqueda de rentabilidad de los bancos les llevó a facilitar créditos sin las suficientes garantías, lo cual acabó en los conocidos impagos de las “subprime”, que marcó el inicio de la crisis financiera de 2008.

Con el fin de mejorar los resultados empresariales, se propugnó contener los salarios y disponer del trabajo con la máxima flexibilidad, medidas que acarrearon a los trabajadores la pérdida de derechos laborales, como lo demuestra el notable incremento de la precariedad.

En Brasil, el crecimiento del PIB en la última década permitió mejorar las condiciones de vida de los trabajadores y también las clases altas aumentaron  sus ingresos. Pero con la llegada de la crisis se redujeron los recursos disponibles y la presidenta Dilma Rousseff decidió no echar el ajuste sobre las espaldas de la mayoría popular.

El Gobierno mantuvo el programa estrella “Bolsa Familia”, que beneficia a millones de familias con necesidades básicas, y aplicó la reducción a otras partidas del presupuesto, lo cual soliviantó a las clases altas, que reaccionaron poniendo en marcha el proceso de cambio de presidencia.

Apartada Dilma del poder, las primeras medidas del nuevo Gobierno han sido impulsar las privatizaciones, reducir fuertemente la inversión social, eliminar las prestaciones de Bolsa Familia a 10 millones de hogares y recortar derechos laborales y  pensiones. Las decisiones económicas tomadas siguen fielmente las recetas neoliberales.

En este contexto se están desenvolviendo los programas de Mundukide, que colabora desde hace más de diez años con el Movimiento de Trabajadores Sin Terra (MST). Tanto en Parana como en Sergipe, la tarea es impulsar el desarrollo de cooperativas y asociaciones, a fin mejorar la capacidad gestora de los profesionales y elevar el nivel de vida de la gente.

Hay dos tipos de medidas para corregir la elevada desigualdad en las rentas del país: la redistribución desde el Estado, un reparto de tipo secundario, como lo ha venido realizando el PT. Una parte de la recaudación impositiva se transfiere a los colectivos de rentas bajas a través de los programas sociales.

El segundo tipo de reparto de rentas, más consistente a largo plazo, es  la distribución primaria, la que hace el sistema empresarial al utilizar los factores productivos, fijando las retribuciones a los trabajadores y asignando a los propietarios los beneficios de las sociedades.

El apoyo de Mundukide pone énfasis en este segundo tipo de distribución. Trata de formar a los colectivos y utilizar la  autogestión para aumentar el valor añadido de las actividades económicas, asegurando al mismo tiempo que la parte sustancial del mismo se asigne  a los participantes y a su entorno social.

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